La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, establece la supresión de las franquicias postales, debiendo los centros de administración ajustar sus presupuestos a tal efecto, estableciendo un plazo máximo de 3 años, finalizando el 31 de diciembre de 1993. A partir de esa fecha entró en funcionamiento el sistema de franqueo pagado oficial para la correspondencia expedida por autoridades y organismos oficiales.

Félix López López
Fernando Cabello Borras